Lunes, 08 Mayo 2017 01:15

El dilema del 2x1

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OAJNU tiene como una de sus principales tareas el impulso a una sociedad más democrática, es por eso que entendemos que como jóvenes comprometidos con nuestros derechos y con las causas de las cuales de manera mediata o inmediata fuimos, somos y seremos partícipes; es necesario tener presente ciertos hechos y fundarlos en conceptos que nos ayuden a entender y lograr resaltar la importancia que tienen algunas cuestiones que repercuten no sólo en nuestra vida política sino en también en nuestra historia.

Como noticia de último momento en todos los medios de comunicación las palabras resonantes son: “lesa humanidad”, “ley más benigna”, “2x1”, “impunidad” y “organismos internacionales”, palabras que suelen usarse de manera vaga impidiendo, muchas veces, por desconocimiento o desinformación, la completa comprensión de lo que está ocurriendo y en qué nos afecta como sociedad.

Es por eso que en este mar de información, a veces sesgada y tendenciosa, queremos aportar claridad sobre algunos conceptos para que cada uno pueda formar una opinión propia pero fundada en el conocimiento certero.

1- ¿Qué es un delito de Lesa Humanidad?

“Lesa” significa agraviada, lastimada, ofendida. Es por esto que un crimen de lesa humanidad se refiere a aquellos que por sus características y naturaleza ofenden y agravian a la humanidad en conjunto, en el cual es el Estado el que se vuelve en contra de la sociedad, apoyando, absteniéndose o viéndose impedido de actuar ante esta situación. De acuerdo al Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional), crimen de lesa Humanidad es:

“cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de

normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad

comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k)Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”

2- ¿Qué características tiene?

● Ataque sistematizado o generalizado contra una población civil.

● El autor debe tener conocimiento que realiza dicho ataque en ese contexto.

● Son imprescriptibles

3- ¿Qué significa irretroactividad y ultraactividad de la Ley Penal Más benigna? ¿Y qué tiene que ver con el principio de legalidad?

El principio de legalidad, uno de los límites más importantes al poder punitivo del Estado, hace referencia a que no hay crimen sin una ley penal previa al hecho. De modo que no se puede perseguir penalmente a una persona si al momento del hecho, éste no era considerado delito.

Además, existen dos principios fundamentales que derivan de la Constitución: la irretroactividad de la ley, que establece que no se podrá aplicar una ley dictada posterior a un hecho. Por otro lado, el segundo principio es el de la ultraactividad de la ley más benigna y establece que si con posterioridad al hecho considerado delictivo se dicta una ley que deje de considerar un hecho como delito o le impute una pena más amena se deberá aplicar esa ley (más beneficiosa) porque la consideración social sobre el hecho ha cambiado.

4- ¿Cuándo se sancionó la ley del 2x1?

El beneficio del 2x1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en 1994. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previstos de prisión preventiva se debían computar un día de prisión preventiva como dos días a los efectos del cumplimiento de la pena efectiva.

Es decir, el beneficio era para las personas detenidas sin sentencia firme. La normativa respondía a ciertos requerimientos de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina respecto del cumplimiento del plazo razonable de la prisión preventiva, o sea, del tiempo que una persona puede permanecer presa sin tener una condena firme.

5- ¿Qué fundamentos utilizó la Corte para aplicar nuevamente aquella normativa derogada? ¿Qué dijo la minoría?

Mayoría:

Rosenkrantz y Hightonà

● Consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso.

● Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna.

● Precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiere estado detenido o no durante dicho lapso.

● El artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condiciona la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado

Rosatti

● Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluye la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez.

● Un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes.

Jueces que votaron en disidencia (minoría):

Lorenzetti y Maquedaà

● No se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, clasificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado

● Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

● Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

● “Por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).

En fin, esta sentencia nos deja más preguntas que respuestas. ¿La corte falló bien o mal? ¿El fallo es jurídicamente correcto pero moralmente injusto? ¿Si dictamos un fallo moralmente justo, habilitamos a potenciales injusticias posteriores al permitir que se apliquen leyes en violación al principio de legalidad? ¿Nuestros legisladores están cumpliendo correctamente su tarea? ¿O dictan las leyes necesarias para resguardar los derechos que tenemos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados de Derechos Humanos cuando ya las consecuencias son irreversibles? ¿Nuestros jueces están cumpliendo su tarea? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos frente a estas situaciones? ¿Cuál es nuestro rol en todo esto?

Como una organización promotora del diálogo y la participación activa de los jóvenes los animamos a que comenten esta publicación con sus reflexiones u opiniones respecto a este tema que tanto nos afecta como sociedad.

 

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